OPINIÓN
Al filo
Roberto Zamarripa EN MURAL
Cuentan que la decisión del Presidente de la República de admitir un mando civil en la Guardia Nacional tuvo que ver con una velada advertencia.
La militarización total de la lucha contra la inseguridad pública devendría en una inmediata condena internacional y la inevitable acción castrense en sus primeros choques provocaría afectaciones contra civiles no necesariamente enrolados con el crimen organizado, le dijeron algunos de sus asesores y consejeros.
El Presidente podría ser sometido a juicio como responsable máximo de las Fuerzas Armadas en la primera acción castrense que violentara los derechos de inocentes o incluso de criminales.
La iniciativa presidencial fue modificada en el Congreso con ribetes de civilidad que al final quedaron desdibujados con las decisiones de los mandos de la Guardia Nacional aunque la aprobación unánime otorgó una gran legitimidad.
La estrategia de seguridad gubernamental tiene un componente asistencial con los programas de incorporación de muchachos a empresas, las becas a estudiantes y distintas subvenciones que pretenden fijar un piso de ingreso en las zonas más pobres del país. Pero esto no es de efecto inmediato.
La tendencia del conflicto bélico mexicano no ha variado. Descontrolado en el sexenio de Vicente Fox, agudo en el de Felipe Calderón, crítico en el de Enrique Peña. El primer trimestre del gobierno de AMLO resultó en las cifras de ejecuciones el más violento de todos los años. Al inicio del sexenio peñista hubo una ligera disminución de muertes por narcoviolencia por una simple medida: evitaron enviar a confrontaciones a elementos de la Policía Federal y del Ejército. Y, efectivamente, se redujeron las cifras de muertos, hubo menos combates, pero los criminales aprovecharon para expandirse.
En el gobierno de AMLO no ha entrado en acción la Guardia Nacional aunque sí ha operado el Ejército en zonas localizadas. Las reacciones de mayor violencia de los cárteles han sido en respuesta a detenciones u operativos castrenses como sucedió en Celaya tras la detención de un lugarteniente del Cártel de Santa Rosa de Lima.
La militarización total de la lucha contra la inseguridad pública devendría en una inmediata condena internacional y la inevitable acción castrense en sus primeros choques provocaría afectaciones contra civiles no necesariamente enrolados con el crimen organizado, le dijeron algunos de sus asesores y consejeros.
El Presidente podría ser sometido a juicio como responsable máximo de las Fuerzas Armadas en la primera acción castrense que violentara los derechos de inocentes o incluso de criminales.
La iniciativa presidencial fue modificada en el Congreso con ribetes de civilidad que al final quedaron desdibujados con las decisiones de los mandos de la Guardia Nacional aunque la aprobación unánime otorgó una gran legitimidad.
La estrategia de seguridad gubernamental tiene un componente asistencial con los programas de incorporación de muchachos a empresas, las becas a estudiantes y distintas subvenciones que pretenden fijar un piso de ingreso en las zonas más pobres del país. Pero esto no es de efecto inmediato.
La tendencia del conflicto bélico mexicano no ha variado. Descontrolado en el sexenio de Vicente Fox, agudo en el de Felipe Calderón, crítico en el de Enrique Peña. El primer trimestre del gobierno de AMLO resultó en las cifras de ejecuciones el más violento de todos los años. Al inicio del sexenio peñista hubo una ligera disminución de muertes por narcoviolencia por una simple medida: evitaron enviar a confrontaciones a elementos de la Policía Federal y del Ejército. Y, efectivamente, se redujeron las cifras de muertos, hubo menos combates, pero los criminales aprovecharon para expandirse.
En el gobierno de AMLO no ha entrado en acción la Guardia Nacional aunque sí ha operado el Ejército en zonas localizadas. Las reacciones de mayor violencia de los cárteles han sido en respuesta a detenciones u operativos castrenses como sucedió en Celaya tras la detención de un lugarteniente del Cártel de Santa Rosa de Lima.
