OPINIÓN

El asesinato de Mike

Genaro Lozano EN MURAL

Icono para compartir en redesIcono para compartir en redesIcono para compartir en redesIcono para compartir en redesIcono para compartir en redes
Veracruz es hoy el epicentro de la violencia contra las poblaciones LGBT. Miguel Ángel Medina tenía 21 años, era estudiante de un taller de teatro en el Centro Cultural Acayucan, activista LGBT y coordinador local de un programa federal que beneficia a jóvenes emprendedores. El pasado 10 de agosto su cuerpo fue encontrado en un panteón, con los pantalones y calzones en las rodillas, semidesnudo, boca abajo y el cráneo destruido, con el rostro completamente ensangrentado.

Mike, como le decían sus amigos, desapareció solamente un día. El pasado viernes 9 de agosto por la noche, sus padres lo reportaron como desaparecido. Al día siguiente, el sábado 10, la Marina encontró su cuerpo. Solo 4 días después, el 14 de agosto, un sospechoso fue detenido. "Luis Humberto N", un migrante guatemalteco, integrante de la Mara Salvatrucha, fue capturado, presuntamente confesó el crimen y se le imputó el delito de homicidio doloso calificado. Hasta aquí esta historia parece como si se hubiese brindado justicia de forma pronta y expedita.

Sin embargo, el homicidio de Mike se suma al de otras 16 de personas LGBT. Al homicidio de Armando, de 23 años, quien fue torturado y abusado sexualmente; al de Saúl "N", de 17 años, asesinado con arma blanca; al de Abiram Hernández, de 37 años, torturado y asesinado; al de Luis Ángel Islas, de 28 años, asesinado con tortura; al de Faby Cortés, de 27 años, golpeada hasta la muerte; al de Jesusa Ventura, torturada y desmembrada; al de Britany Sánchez, de 19 años, asesinada con pistola; al de Abraham Espinosa, de 49 años, asesinado a machetazos; al de Becky González, de 31 años, asesinada con arma de fuego; al de Carla Vidal, de 32 años, golpeada y asesinada con arma de fuego; al de Jhony, de entre 25 y 30 años, asfixiada; al de Óscar Molina, de 35 años, asesinado con arma de fuego; al de una mujer trans sin identificar, de entre 25 y 30 años, asesinada con arma de fuego; al de Guadalupe López, de unos 28 años, lapidada en un panteón; al de Brayán René, de 18 años, asesinada con arma de fuego, y al de Carlos Muñoz, de 27 años, torturado y asesinado. Todos estos crímenes ocurrieron en Veracruz, de marzo a agosto, pero sólo el de Mike fue "resuelto" por las autoridades.

Por ello, activistas que conocían a Mike denuncian que todo parece un montaje, que al joven asesinado no le gustaban los hombres tatuados, con barba, ni morenos. La activista Jaziel Bustamente grabó un video de unos 17 minutos en donde cuestiona la versión de las autoridades veracruzanas y detalla cuáles pueden ser las inconsistencias y problemas con la versión de la Fiscalía veracruzana. Por ello, la misma Bustamente junto al Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio y a otras organizaciones exigen que el crimen de Mike sea considerado un crimen de odio por orientación sexual, ya que, según su interpretación, en el asesinato de Mike se cumplen varias causales para considerarlo como tal.

Algo gravísimo está pasando en Veracruz, estado que ocupa el primer lugar en el país en estos crímenes y casi todos quedan impunes. En el caso de Mike, el hecho de que fuese un joven de clase media y relativamente conocido puede haber obligado a las autoridades a "encontrar" a un presunto culpable rápidamente y cerrar el asunto.

A fines de los noventa, el asesinato del estudiante Matthew Shepard detonó una discusión nacional en Estados Unidos sobre los crímenes de odio. La familia de Shepard y varias organizaciones LGBT presentaron iniciativas para incluir los crímenes motivados por género, orientación sexual, identidad de género y la discapacidad como crímenes de odio. Diez años después del asesinato, el presidente Obama firmó estos cambios y la Ley Shepard-Byrd entró en vigor. En México nos falta una discusión amplia sobre este tema, una que incluya a los grupos religiosos que sin pudor piden "respeto, pero no derechos" a las personas LGBT y a los partidos políticos, como el PRI y el PAN hoy, que votan para negar derechos humanos a las personas de la diversidad sexual, en Zacatecas, en Yucatán, en el Estado de México y en Veracruz.