OPINIÓN
Encrucijada migratoria
OPINIÓN INVITADA / José Luis Caballero Ochoa EN MURAL
El problema de la creciente migración se remonta a procesos de transición en el Istmo, a través de los cuales gobiernos autoritarios fueron sustituidos por democracias, jóvenes pero débiles, marcadas por la inestabilidad política, económica y social. De acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (2017), condiciones de inestabilidad ocasionaron una situación intolerable en los países del Triángulo del Norte centroamericano: desempleo, precarización de las condiciones laborales y el incremento de la inseguridad y la violencia.
El actual incremento de los flujos de personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador con rumbo a Estados Unidos ha generado nuevos retos para actores políticos y sociales en México. En las últimas semanas, se han suscitado críticas severas y certeras a la política migratoria del gobierno mexicano, especialmente la relacionada con el despliegue de la Guardia Nacional, que ha generado tensiones con organizaciones de la sociedad civil que acusan afectaciones a los derechos humanos.
Ante tales cuestionamientos, advierto cuáles han sido aquellas vías de largo alcance que requieren acentuarse para superar estas dificultades que hoy se perciben como insalvables, sin soslayar el desconcierto y la molestia ante una repentina vuelta de tuerca de la política migratoria.
En primer lugar, es imperioso frenar las condiciones de violencia, inseguridad e inestabilidad económica y política en Centroamérica, para disuadir la migración forzada. El Plan de Desarrollo Integral para el Salvador, Guatemala, Honduras y México, elaborado por la CEPAL, constituye un esfuerzo que puede contribuir a atender de raíz algunos de los problemas referidos. No obstante, el esfuerzo desarrollado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores requerirá solucionar diversos retos, incluyendo la implementación de un mecanismo de monitoreo y supervisión que permita asegurar la eficacia del programa, así como superar enfoques asistenciales para contribuir a una transformación estructural de las condiciones de desigualdad.
En segundo lugar, se debe reforzar alianza con los organismos internacionales como ACNUR, UNICEF, la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
México está advirtiendo la fortaleza del Sistema Interamericano, del cual nuestro país ha sido uno de los principales contribuyentes. En el contexto migratorio actual, la Comisión y Corte han sido fundamentales en la construcción de estándares de protección para migrantes y solicitantes de asilo, en particular de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El que México se mantenga abierto a la supervisión y monitoreo de los órganos del Sistema Interamericano constituye una buena noticia, en tanto que tal apertura contribuye a enfrentar de mejor manera el problema migratorio desde un enfoque de derechos humanos. En esta lógica de acompañamiento, también sería conveniente que la cancillería tuviera un acercamiento mucho más puntual y decidido a la academia y las organizaciones de la sociedad civil; que se generara una especie de consejo rector de política en la materia, que supervise y oriente la aplicación de las directrices.
El gran reto para el Estado mexicano será asegurar que la estrategia que se desarrolle se encuentre en sintonía con medidas estructurales orientadas a las protección de las personas, y con ello se eviten algunas de las consecuencias ya conocidas con el endurecimiento de los controles migratorios, y que llevan a las personas a buscar rutas más inseguras, a ser víctimas de violencia o a encontrarse a merced de las redes de tráfico de personas.
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El autor es director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, CDMX.
El actual incremento de los flujos de personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador con rumbo a Estados Unidos ha generado nuevos retos para actores políticos y sociales en México. En las últimas semanas, se han suscitado críticas severas y certeras a la política migratoria del gobierno mexicano, especialmente la relacionada con el despliegue de la Guardia Nacional, que ha generado tensiones con organizaciones de la sociedad civil que acusan afectaciones a los derechos humanos.
Ante tales cuestionamientos, advierto cuáles han sido aquellas vías de largo alcance que requieren acentuarse para superar estas dificultades que hoy se perciben como insalvables, sin soslayar el desconcierto y la molestia ante una repentina vuelta de tuerca de la política migratoria.
En primer lugar, es imperioso frenar las condiciones de violencia, inseguridad e inestabilidad económica y política en Centroamérica, para disuadir la migración forzada. El Plan de Desarrollo Integral para el Salvador, Guatemala, Honduras y México, elaborado por la CEPAL, constituye un esfuerzo que puede contribuir a atender de raíz algunos de los problemas referidos. No obstante, el esfuerzo desarrollado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores requerirá solucionar diversos retos, incluyendo la implementación de un mecanismo de monitoreo y supervisión que permita asegurar la eficacia del programa, así como superar enfoques asistenciales para contribuir a una transformación estructural de las condiciones de desigualdad.
En segundo lugar, se debe reforzar alianza con los organismos internacionales como ACNUR, UNICEF, la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
México está advirtiendo la fortaleza del Sistema Interamericano, del cual nuestro país ha sido uno de los principales contribuyentes. En el contexto migratorio actual, la Comisión y Corte han sido fundamentales en la construcción de estándares de protección para migrantes y solicitantes de asilo, en particular de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El que México se mantenga abierto a la supervisión y monitoreo de los órganos del Sistema Interamericano constituye una buena noticia, en tanto que tal apertura contribuye a enfrentar de mejor manera el problema migratorio desde un enfoque de derechos humanos. En esta lógica de acompañamiento, también sería conveniente que la cancillería tuviera un acercamiento mucho más puntual y decidido a la academia y las organizaciones de la sociedad civil; que se generara una especie de consejo rector de política en la materia, que supervise y oriente la aplicación de las directrices.
El gran reto para el Estado mexicano será asegurar que la estrategia que se desarrolle se encuentre en sintonía con medidas estructurales orientadas a las protección de las personas, y con ello se eviten algunas de las consecuencias ya conocidas con el endurecimiento de los controles migratorios, y que llevan a las personas a buscar rutas más inseguras, a ser víctimas de violencia o a encontrarse a merced de las redes de tráfico de personas.
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El autor es director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, CDMX.
