Desde su nacimiento, hace 28 años, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente fue regida por un marco jurídico que hacía especial énfasis en la contaminación industrial. No era para menos: su origen fue la respuesta a la explosión de abril de 1992, en Guadalajara, que mató a más de 200 personas, dejó casi 500 heridos, 15 mil quedaron sin hogar, destruyendo 14 kilómetros de calles, con un daño económico estimado de mil millones de dólares.