OPINIÓN
¿Fiscales carnales?
OPINIÓN INVITADA / Rodrigo Montes de Oca Arboleya EN MURAL
Los hechos ocurridos en Minatitlán evidencian algo más que la violencia que azota al país. Lo acontecido da cuenta también de cómo los políticos, sin importar el partido, simplemente no saben gobernar sin tener el monopolio de la procuración de la justicia.
Tras la masacre de 13 personas y la tardía respuesta de las autoridades, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el propio presidente López Obrador señalaron que a pesar del fiscal, el caso se va a resolver. A estas declaraciones le antecedieron solicitudes del gobernador a la prensa para que lo ayudaran a buscar al fiscal porque no había podido tener comunicación con él. Estas declaraciones demuestran no sólo la falta de coordinación que existe entre los diferentes actores que intervienen en el sistema de procuración de justicia, sino también la nula voluntad política para que el sistema funcione eficazmente.
La reforma constitucional político-electoral de 2014 estableció la transformación de la Procuraduría General de la República (dependiente del Ejecutivo) en una Fiscalía (organismo público autónomo) con el objetivo de acabar con la justicia selectiva, es decir, que el ejecutivo federal dejara de garantizar la impunidad a los cercanos al poder, y que la fuerza de la ley se aplicara sólo a sus enemigos. Para proteger la autonomía de la fiscalía y de su titular, el Congreso le otorgó ciertas garantías, como la autonomía técnica y presupuestal. Asimismo, al titular de la fiscalía se le otorgó un periodo en el cargo mayor a la duración de un sexenio. Algunos estados ya habían migrado a un modelo de fiscalía conforme a los calendarios de sus propias reformas penales y otros lo hicieron impulsados por la reforma federal. Según datos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 26 estados han reformado su constitución local para transitar de procuradurías a fiscalías.
Desafortunadamente, el resultado de las reformas se distanció de su objetivo. Las legislaturas, en lugar de elegir fiscales por sus aptitudes técnicas y éticas, nombraron fiscales a modo del ejecutivo en turno. Ello está generando conflictos en los casos en que el sexenio termina y la administración entrante proviene de un partido político diferente. El presidente López Obrador desaprovechó una oportunidad histórica de cambio, al favorecer el nombramiento de una persona cercana a él, Alejandro Gertz Manero. Algo similar sucedió en la mayoría de las entidades federativas, incluyendo Veracruz.
En diciembre de 2016, el Congreso del Estado de Veracruz eligió a Jorge Winckler como fiscal general. Los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por él, por considerarlo cercano al entonces gobernador panista Miguel Ángel Yunes. Sin polemizar acerca de las capacidades técnicas y éticas del fiscal para desempeñar su cargo, la actual molestia por parte del gobernador y del presidente radica en la autonomía de dicho fiscal. Como resultado de la reforma, el fiscal ya no es un empleado del gobernador y, por tanto, no obedece órdenes del mismo. Esto es inconcebible para la mayoría de nuestros gobernantes y contrario a su cultura política. No es que no entiendan los alcances de la reforma que le otorgó autonomía a las fiscalías, sino que la entienden tan bien que hacen todo lo posible para que ésta no materialice sus objetivos.
El panorama no es alentador. Es muy probable que lo que está sucediendo en Veracruz se siga replicando en las entidades federativas que ya cuentan con un fiscal elegido para un periodo transexenal.
La delincuencia es la única beneficiaria de los conflictos entre el Ejecutivo y la Fiscalía. La falta de coordinación contribuye a que los crímenes vayan en aumento. Los delincuentes saben que sus crímenes permanecerán impunes y se disolverán entre las cada vez más abultadas cifras oficiales.
Para poder evitar y resolver casos como el de Minatitlán, nuestros legisladores deben aprender a elegir fiscales por su experiencia y cualidades técnicas, y nuestros gobernantes deben dejar a un lado la idea de que la procuración de justicia es un instrumento político que debe estar a disposición de los objetivos del ejecutivo.
Tras la masacre de 13 personas y la tardía respuesta de las autoridades, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el propio presidente López Obrador señalaron que a pesar del fiscal, el caso se va a resolver. A estas declaraciones le antecedieron solicitudes del gobernador a la prensa para que lo ayudaran a buscar al fiscal porque no había podido tener comunicación con él. Estas declaraciones demuestran no sólo la falta de coordinación que existe entre los diferentes actores que intervienen en el sistema de procuración de justicia, sino también la nula voluntad política para que el sistema funcione eficazmente.
La reforma constitucional político-electoral de 2014 estableció la transformación de la Procuraduría General de la República (dependiente del Ejecutivo) en una Fiscalía (organismo público autónomo) con el objetivo de acabar con la justicia selectiva, es decir, que el ejecutivo federal dejara de garantizar la impunidad a los cercanos al poder, y que la fuerza de la ley se aplicara sólo a sus enemigos. Para proteger la autonomía de la fiscalía y de su titular, el Congreso le otorgó ciertas garantías, como la autonomía técnica y presupuestal. Asimismo, al titular de la fiscalía se le otorgó un periodo en el cargo mayor a la duración de un sexenio. Algunos estados ya habían migrado a un modelo de fiscalía conforme a los calendarios de sus propias reformas penales y otros lo hicieron impulsados por la reforma federal. Según datos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 26 estados han reformado su constitución local para transitar de procuradurías a fiscalías.
Desafortunadamente, el resultado de las reformas se distanció de su objetivo. Las legislaturas, en lugar de elegir fiscales por sus aptitudes técnicas y éticas, nombraron fiscales a modo del ejecutivo en turno. Ello está generando conflictos en los casos en que el sexenio termina y la administración entrante proviene de un partido político diferente. El presidente López Obrador desaprovechó una oportunidad histórica de cambio, al favorecer el nombramiento de una persona cercana a él, Alejandro Gertz Manero. Algo similar sucedió en la mayoría de las entidades federativas, incluyendo Veracruz.
En diciembre de 2016, el Congreso del Estado de Veracruz eligió a Jorge Winckler como fiscal general. Los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por él, por considerarlo cercano al entonces gobernador panista Miguel Ángel Yunes. Sin polemizar acerca de las capacidades técnicas y éticas del fiscal para desempeñar su cargo, la actual molestia por parte del gobernador y del presidente radica en la autonomía de dicho fiscal. Como resultado de la reforma, el fiscal ya no es un empleado del gobernador y, por tanto, no obedece órdenes del mismo. Esto es inconcebible para la mayoría de nuestros gobernantes y contrario a su cultura política. No es que no entiendan los alcances de la reforma que le otorgó autonomía a las fiscalías, sino que la entienden tan bien que hacen todo lo posible para que ésta no materialice sus objetivos.
El panorama no es alentador. Es muy probable que lo que está sucediendo en Veracruz se siga replicando en las entidades federativas que ya cuentan con un fiscal elegido para un periodo transexenal.
La delincuencia es la única beneficiaria de los conflictos entre el Ejecutivo y la Fiscalía. La falta de coordinación contribuye a que los crímenes vayan en aumento. Los delincuentes saben que sus crímenes permanecerán impunes y se disolverán entre las cada vez más abultadas cifras oficiales.
Para poder evitar y resolver casos como el de Minatitlán, nuestros legisladores deben aprender a elegir fiscales por su experiencia y cualidades técnicas, y nuestros gobernantes deben dejar a un lado la idea de que la procuración de justicia es un instrumento político que debe estar a disposición de los objetivos del ejecutivo.
