OPINIÓN
La otra estafa
Roberto Zamarripa EN MURAL
Armando Saldaña Flores (Atlixco, Puebla. 50 años) libró el 2 de enero una de las principales patrañas jurídicas y políticas que sustentan la estafa millonaria a Sedatu.
Comprobó, tras superar una carrera de obstáculos, que su firma fue falsificada y utilizada en contratos que nunca conoció para robar millones de pesos desde la Sedatu en contratos irregulares con universidades.
Pero no contaba que la Cuarta Transformación no pretende castigar a los corruptos del sexenio anterior y prefiere cebarse en funcionarios menores inocentes.
Todo empezó cuando Saldaña fue notificado en junio de 2017 de una solicitud de información sobre un contrato de Sedatu con la Universidad Politécnica de Hidalgo, donde supuestamente él autorizaba la transferencia de 185 millones de pesos.
Como director general de Ordenamiento Territorial de dicha dependencia, Saldaña no tenía ninguna facultad para autorizar esos contratos y firmarlos. El 8 de junio de 2017 presentó una queja ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu y cinco días después acudió a la PGR para levantar una denuncia por la falsificación de su rúbrica.
Después supo que no era el único funcionario al que le habían falsificado su firma; también su jefe, el subsecretario Enrique González Tiburcio, un prestigiado economista de Alvarado, Veracruz, fue estafado y su firma utilizada para contratos fraudulentos.
Todas las pistas de la falsificación conducían a la Oficialía Mayor de la Sedatu, encabezada entonces por Emilio Zebadúa y cuyo operador en estos delitos fue Francisco Báez.
Tras el triunfo de AMLO en julio pasado, la PGR aprovechó la denuncia de Saldaña y González Tiburcio para enderezar un proceso penal ¡contra los denunciantes!
Así, le dejó al nuevo gobierno una averiguación abierta y el personal de la Fiscalía General, sustituta de la PGR, apresuró en el primer mes del gobierno de AMLO esa indagatoria. El 24 de diciembre Saldaña y González Tiburcio fueron citados a audiencia el día 28 porque estaban señalados como responsables del delito de uso indebido de funciones.
El Día de los Inocentes acudió Saldaña y se reservó su derecho a declarar pero solicitó que se buscara en el archivo de Sedatu el original de los contratos que le imputaban.
El 2 de enero en nueva audiencia ante el juez de Control fue notificado que la FGR no encontró los contratos porque la Oficialía Mayor de la Sedatu alegaba que se habían extraviado durante el sismo de septiembre de 2017; casualmente fueron los únicos papeles que se perdieron en esa tragedia.
Junto con esa absurda casualidad, Saldaña exhibió el peritaje de la misma PGR de agosto de 2017 donde comprobaba que su firma usada en contratos sí había sido falsificada además de que en dos de ellos tenían fechas donde él estaba fuera del país.
El juez de control determinó que Saldaña era inocente. Pero la ya hoy Fiscalía General, que actúa con los mismos agentes ministeriales y funcionarios del sexenio pasado que amañaron la indagatoria en 2018, impugnó la audiencia alegando que no había acudido a ésta ningún representante de la Sedatu y pidió reponer la sesión.
La audiencia ocurrió el pasado miércoles 20 y ahora sí acudieron los representantes de Sedatu. Llegaron Margarita Sánchez Justo, subdirectora de lo Contencioso, y Jenny Marisol Escobedo Garduño, asesora jurídica de Sedatu. Ambas hicieron comparsa con la Fiscalía e ignoraron las denuncias del propio Saldaña sobre la falsificación de su firma. El juez Marco Antonio Fuerte decidió cambiar las cosas y vincular a proceso a Armando Saldaña ¡el denunciante y agraviado! (Previamente González Tiburcio ya había sido vinculado a proceso).
La Estafa Maestra en Sedesol y la segunda estafa en Sedatu parecen tener un tercer episodio: la Estafa Jurídica.
Lo grave es que funcionarios de la Cuarta Transformación avalen la investigación amañada que inició la administración de Peña para proteger a altos funcionarios de Sedatu.
Comprobó, tras superar una carrera de obstáculos, que su firma fue falsificada y utilizada en contratos que nunca conoció para robar millones de pesos desde la Sedatu en contratos irregulares con universidades.
Pero no contaba que la Cuarta Transformación no pretende castigar a los corruptos del sexenio anterior y prefiere cebarse en funcionarios menores inocentes.
Todo empezó cuando Saldaña fue notificado en junio de 2017 de una solicitud de información sobre un contrato de Sedatu con la Universidad Politécnica de Hidalgo, donde supuestamente él autorizaba la transferencia de 185 millones de pesos.
Como director general de Ordenamiento Territorial de dicha dependencia, Saldaña no tenía ninguna facultad para autorizar esos contratos y firmarlos. El 8 de junio de 2017 presentó una queja ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu y cinco días después acudió a la PGR para levantar una denuncia por la falsificación de su rúbrica.
Después supo que no era el único funcionario al que le habían falsificado su firma; también su jefe, el subsecretario Enrique González Tiburcio, un prestigiado economista de Alvarado, Veracruz, fue estafado y su firma utilizada para contratos fraudulentos.
Todas las pistas de la falsificación conducían a la Oficialía Mayor de la Sedatu, encabezada entonces por Emilio Zebadúa y cuyo operador en estos delitos fue Francisco Báez.
Tras el triunfo de AMLO en julio pasado, la PGR aprovechó la denuncia de Saldaña y González Tiburcio para enderezar un proceso penal ¡contra los denunciantes!
Así, le dejó al nuevo gobierno una averiguación abierta y el personal de la Fiscalía General, sustituta de la PGR, apresuró en el primer mes del gobierno de AMLO esa indagatoria. El 24 de diciembre Saldaña y González Tiburcio fueron citados a audiencia el día 28 porque estaban señalados como responsables del delito de uso indebido de funciones.
El Día de los Inocentes acudió Saldaña y se reservó su derecho a declarar pero solicitó que se buscara en el archivo de Sedatu el original de los contratos que le imputaban.
El 2 de enero en nueva audiencia ante el juez de Control fue notificado que la FGR no encontró los contratos porque la Oficialía Mayor de la Sedatu alegaba que se habían extraviado durante el sismo de septiembre de 2017; casualmente fueron los únicos papeles que se perdieron en esa tragedia.
Junto con esa absurda casualidad, Saldaña exhibió el peritaje de la misma PGR de agosto de 2017 donde comprobaba que su firma usada en contratos sí había sido falsificada además de que en dos de ellos tenían fechas donde él estaba fuera del país.
El juez de control determinó que Saldaña era inocente. Pero la ya hoy Fiscalía General, que actúa con los mismos agentes ministeriales y funcionarios del sexenio pasado que amañaron la indagatoria en 2018, impugnó la audiencia alegando que no había acudido a ésta ningún representante de la Sedatu y pidió reponer la sesión.
La audiencia ocurrió el pasado miércoles 20 y ahora sí acudieron los representantes de Sedatu. Llegaron Margarita Sánchez Justo, subdirectora de lo Contencioso, y Jenny Marisol Escobedo Garduño, asesora jurídica de Sedatu. Ambas hicieron comparsa con la Fiscalía e ignoraron las denuncias del propio Saldaña sobre la falsificación de su firma. El juez Marco Antonio Fuerte decidió cambiar las cosas y vincular a proceso a Armando Saldaña ¡el denunciante y agraviado! (Previamente González Tiburcio ya había sido vinculado a proceso).
La Estafa Maestra en Sedesol y la segunda estafa en Sedatu parecen tener un tercer episodio: la Estafa Jurídica.
Lo grave es que funcionarios de la Cuarta Transformación avalen la investigación amañada que inició la administración de Peña para proteger a altos funcionarios de Sedatu.
