Al solicitar datos sensibles públicos y privados, biométricos, bancarios, fiscales, geolocalización, etcétera, apuestan nuestros legisladores a nuestra mala memoria, ya que hemos olvidado la venta de esas bases de datos y también pareciera que no recordamos que muchas llamadas de extorsión provienen de las cárceles, donde no han podido o querido instalar inhibidores de señales de telefonía.