OPINIÓN
Los muertos del Presidente
OPINIÓN INVITADA / Lorena Becerra EN MURAL
Como era de esperarse, Andrés Manuel López Obrador ya se está enfrentando a las cifras de violencia que se han registrado desde que tomó posesión. Es debatible si esto puede ser atribuido a sus acciones de gobierno a estas alturas, pero es un hecho que para el final de su sexenio las personas asesinadas desde el 1 de diciembre de 2018 pasarán a ser los muertos de López Obrador.
El Presidente se ha defendido ante cuestionamientos sobre el alza en la violencia. En un intercambio con el periodista Jorge Ramos, sostuvo que "hemos controlado la situación, según nuestros datos" y afirmó que se observa una reversión en la tendencia. López Obrador se basaba en el promedio diario de homicidios que empezó a proporcionar la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace apenas cuatro meses.
Ramos, por su parte, hablaba de un incremento en la violencia refiriéndose al número de homicidios totales en el primer trimestre de 2019 utilizando las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta serie se ha convertido en el referente más frecuentemente utilizado para hacer comparativos y medir tendencias en homicidios, por su actualidad, periodicidad en publicación y por el tamaño de su serie histórica.
Tanto López Obrador como Ramos contaban con datos verídicos. No obstante, los datos del Presidente no permiten comparativos históricos con el mismo periodo en años anteriores, ni posibilitan conclusiones sobre tendencias. Reflejan números preliminares de homicidios dolosos reportados por las fiscalías y procuradurías estatales.
Una exposición muy clara del problema con estas cifras la hacen Adrián Lara y Carolina Torreblanca en su reciente artículo (https://www.animalpolitico.com/el-foco/instrucciones-para-no-tener-otros-datos-como-medir-la-violencia-en-2019/). También destacan la necesidad de ser particularmente cautelosos con el manejo de los números y lo importante de entender de dónde provienen para poder elaborar conclusiones robustas. No se deben comparar peras con manzanas; es mejor hablar de cifras estandarizadas que de números absolutos; y las temporalidades importan.
López Obrador llegó a conclusiones frágiles con cifras reales, pero preliminares y sin perspectiva comparada. El primer trimestre de 2019 ha sido el más violento en la historia. A pesar de que las cifras ponderadas por población no muestran aún una tendencia al alza, una estabilización de los homicidios en los niveles actuales no son buenas noticias para ningún gobernante. Tal vez por eso el Presidente reconoció que la violencia no ha cedido y pidió un plazo para brindar resultados.
Esperemos que el Presidente también entienda que tras doce años de violencia, la opinión pública tiene su propia experiencia en esta materia. Los argumentos que hablan de un golpe al avispero, de que los muertos son los delincuentes o que la violencia es producto de ineficiencias de otros, no tienen cabida para una población que vive y procesa la delincuencia y los episodios de violencia.
Desde la tragedia de Ayotzinapa, la violencia de alto impacto y los delitos del fuero común se amalgamaron en el imaginario colectivo para conformar la evaluación que hacen los ciudadanos del Ejecutivo en materia de seguridad. No es sorpresa que en la última medición de Reforma (Abril 2018) solo 11 por ciento de la población aprobara a Peña Nieto en este rubro.
Tampoco destaca que, a pesar de que Calderón gozó del apoyo ciudadano por decidir luchar contra el crimen organizado, tras más de 120 mil muertos uno de los determinantes más fuertes del voto en 2012 era la opción política que redujera la violencia.
Hoy por hoy, los ciudadanos detectan los picos de violencia como fenómenos más cercanos y están atentos a la inseguridad cotidiana. Más allá de la guerra de cifras en donde debatimos sobre las mediciones correctas y la forma de ponderarlas, el número de muertos de un Presidente puede tener repercusiones devastadoras sobre su legado. Peor aún cuando entre ellos se encuentran menores de edad y víctimas colaterales.
El Presidente se ha defendido ante cuestionamientos sobre el alza en la violencia. En un intercambio con el periodista Jorge Ramos, sostuvo que "hemos controlado la situación, según nuestros datos" y afirmó que se observa una reversión en la tendencia. López Obrador se basaba en el promedio diario de homicidios que empezó a proporcionar la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace apenas cuatro meses.
Ramos, por su parte, hablaba de un incremento en la violencia refiriéndose al número de homicidios totales en el primer trimestre de 2019 utilizando las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta serie se ha convertido en el referente más frecuentemente utilizado para hacer comparativos y medir tendencias en homicidios, por su actualidad, periodicidad en publicación y por el tamaño de su serie histórica.
Tanto López Obrador como Ramos contaban con datos verídicos. No obstante, los datos del Presidente no permiten comparativos históricos con el mismo periodo en años anteriores, ni posibilitan conclusiones sobre tendencias. Reflejan números preliminares de homicidios dolosos reportados por las fiscalías y procuradurías estatales.
Una exposición muy clara del problema con estas cifras la hacen Adrián Lara y Carolina Torreblanca en su reciente artículo (https://www.animalpolitico.com/el-foco/instrucciones-para-no-tener-otros-datos-como-medir-la-violencia-en-2019/). También destacan la necesidad de ser particularmente cautelosos con el manejo de los números y lo importante de entender de dónde provienen para poder elaborar conclusiones robustas. No se deben comparar peras con manzanas; es mejor hablar de cifras estandarizadas que de números absolutos; y las temporalidades importan.
López Obrador llegó a conclusiones frágiles con cifras reales, pero preliminares y sin perspectiva comparada. El primer trimestre de 2019 ha sido el más violento en la historia. A pesar de que las cifras ponderadas por población no muestran aún una tendencia al alza, una estabilización de los homicidios en los niveles actuales no son buenas noticias para ningún gobernante. Tal vez por eso el Presidente reconoció que la violencia no ha cedido y pidió un plazo para brindar resultados.
Esperemos que el Presidente también entienda que tras doce años de violencia, la opinión pública tiene su propia experiencia en esta materia. Los argumentos que hablan de un golpe al avispero, de que los muertos son los delincuentes o que la violencia es producto de ineficiencias de otros, no tienen cabida para una población que vive y procesa la delincuencia y los episodios de violencia.
Desde la tragedia de Ayotzinapa, la violencia de alto impacto y los delitos del fuero común se amalgamaron en el imaginario colectivo para conformar la evaluación que hacen los ciudadanos del Ejecutivo en materia de seguridad. No es sorpresa que en la última medición de Reforma (Abril 2018) solo 11 por ciento de la población aprobara a Peña Nieto en este rubro.
Tampoco destaca que, a pesar de que Calderón gozó del apoyo ciudadano por decidir luchar contra el crimen organizado, tras más de 120 mil muertos uno de los determinantes más fuertes del voto en 2012 era la opción política que redujera la violencia.
Hoy por hoy, los ciudadanos detectan los picos de violencia como fenómenos más cercanos y están atentos a la inseguridad cotidiana. Más allá de la guerra de cifras en donde debatimos sobre las mediciones correctas y la forma de ponderarlas, el número de muertos de un Presidente puede tener repercusiones devastadoras sobre su legado. Peor aún cuando entre ellos se encuentran menores de edad y víctimas colaterales.
