OPINIÓN
Seguridad: lo que falta
OPINIÓN INVITADA / Eunice Rendón EN MURAL
Hace dos años muchos festejamos tener al fin un Presidente que hablaba de la seguridad más allá de la contención, la reacción, los cuerpos policiacos y las fuerzas armadas. López Obrador subraya que debemos ir a las causas estructurales que generan los fenómenos violentos y delictivos para cambiar la situación de inseguridad que nos aqueja y tiene razón. Sin embargo, a dos años de su llegada, se ha quedado corto en la implementación, en los recursos asignados a estas tareas y en el foco que una política exitosa en materia de prevención social requiere.
El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro parecía ser un pilar en la inclusión de aquellos que por sus contextos se encuentran en mayor riesgo de delinquir. Sin embargo, para los jóvenes que, además de la falta de competencias básicas, viven en contextos donde las conductas violentas son el pan de cada día, conviven con padres y pares involucrados en delito, pandillas, hogares con violencia familiar y alta vulnerabilidad social, educativa y delictiva, el programa JCF no es una intervención suficiente para lograr su inclusión y ampliar sus alternativas. No es tarea fácil. Requiere más que una beca, técnica, experiencia y recursos humanos adecuados que acompañen con mentoría y habilidades para la vida entre otros factores de protección para lograrlo.
Las propuestas de abrazos no balazos, de amnistía, perdón y reconciliación, que bien implementadas tenían todo el sentido como parte de una política integral de prevención en un país con las características del nuestro, permanecen en el cajón o marginales al no contar con una visión y experiencia más amplia y a la medida. Ni siquiera se ha publicado el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, aunque es obligatorio por ley.
A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo promete una reducción del 50% en los homicidios dolosos para 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, comparando los meses de enero a octubre de 2018 con en el mismo periodo de 2020, los registros de este delito presentaron un ligero aumento del 0.15%; mientras los feminicidios subieron 7%, la violencia de género 70% y la extorsión 22%. En el mismo lapso, los secuestros disminuyeron 34.93% y los robos 25%, probablemente una de las causas haya sido el confinamiento provocado por el COVID-19 y los obstáculos para la presentación de denuncias, ante las medidas de distanciamiento social implementadas por las fiscalías.
El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública desde el inicio del sexenio, tiene el propósito de fortalecer y mejorar las policías estatales y municipales, asunto de la mayor relevancia, ya que el 95% de los delitos son del fuero común. Sin embargo, la ausencia de reformas y protocolos para operarlo, el no renovar el Programa Rector de Profesionalización y la desaparición del FORTASEG, subsidio que se destinaba a los municipios con mayor problemática y población, lo vuelven más complejo de alcanzar.
La estrategia entonces parece limitarse al despliegue de la Guardia Nacional, que nació de por sí con muchos retos. Dejar a las fuerzas militares de manera oficial y sin la formación suficiente en tareas de seguridad pública; unir cuerpos de seguridad con antecedentes, formación, historia y apego diferentes, dificulta el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo. Además el séptimo transitorio que consideraba los diagnósticos y programas locales para establecer la coadyuvancia de la GN no se cumplió a cabalidad, lo que hace que tanto la Federación como las entidades federativas tengan expectativas incumplidas.
Ante este panorama se requiere invertir en la prevención del delito, priorizar estrategias en contra de la violencia de género; una Guardia Nacional consolidada con mayor capacidad de proximidad, trabajo con poblaciones vulneradas y perspectiva de género; recuperar fondos y esfuerzos para el fortalecimiento de las policías locales, privilegiar la inteligencia para la investigación del delito, continuar los esfuerzos alcanzados en inteligencia financiera; mejorar la coordinación entre las fuerzas federales y las entidades federativas, más allá de los vaivenes de la política, y replantear el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que también se encuentra en el olvido sin sesionar. Quedan cuatro años y tenemos una nueva encargada para cumplir las promesas de paz.
El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro parecía ser un pilar en la inclusión de aquellos que por sus contextos se encuentran en mayor riesgo de delinquir. Sin embargo, para los jóvenes que, además de la falta de competencias básicas, viven en contextos donde las conductas violentas son el pan de cada día, conviven con padres y pares involucrados en delito, pandillas, hogares con violencia familiar y alta vulnerabilidad social, educativa y delictiva, el programa JCF no es una intervención suficiente para lograr su inclusión y ampliar sus alternativas. No es tarea fácil. Requiere más que una beca, técnica, experiencia y recursos humanos adecuados que acompañen con mentoría y habilidades para la vida entre otros factores de protección para lograrlo.
Las propuestas de abrazos no balazos, de amnistía, perdón y reconciliación, que bien implementadas tenían todo el sentido como parte de una política integral de prevención en un país con las características del nuestro, permanecen en el cajón o marginales al no contar con una visión y experiencia más amplia y a la medida. Ni siquiera se ha publicado el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, aunque es obligatorio por ley.
A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo promete una reducción del 50% en los homicidios dolosos para 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, comparando los meses de enero a octubre de 2018 con en el mismo periodo de 2020, los registros de este delito presentaron un ligero aumento del 0.15%; mientras los feminicidios subieron 7%, la violencia de género 70% y la extorsión 22%. En el mismo lapso, los secuestros disminuyeron 34.93% y los robos 25%, probablemente una de las causas haya sido el confinamiento provocado por el COVID-19 y los obstáculos para la presentación de denuncias, ante las medidas de distanciamiento social implementadas por las fiscalías.
El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública desde el inicio del sexenio, tiene el propósito de fortalecer y mejorar las policías estatales y municipales, asunto de la mayor relevancia, ya que el 95% de los delitos son del fuero común. Sin embargo, la ausencia de reformas y protocolos para operarlo, el no renovar el Programa Rector de Profesionalización y la desaparición del FORTASEG, subsidio que se destinaba a los municipios con mayor problemática y población, lo vuelven más complejo de alcanzar.
La estrategia entonces parece limitarse al despliegue de la Guardia Nacional, que nació de por sí con muchos retos. Dejar a las fuerzas militares de manera oficial y sin la formación suficiente en tareas de seguridad pública; unir cuerpos de seguridad con antecedentes, formación, historia y apego diferentes, dificulta el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo. Además el séptimo transitorio que consideraba los diagnósticos y programas locales para establecer la coadyuvancia de la GN no se cumplió a cabalidad, lo que hace que tanto la Federación como las entidades federativas tengan expectativas incumplidas.
Ante este panorama se requiere invertir en la prevención del delito, priorizar estrategias en contra de la violencia de género; una Guardia Nacional consolidada con mayor capacidad de proximidad, trabajo con poblaciones vulneradas y perspectiva de género; recuperar fondos y esfuerzos para el fortalecimiento de las policías locales, privilegiar la inteligencia para la investigación del delito, continuar los esfuerzos alcanzados en inteligencia financiera; mejorar la coordinación entre las fuerzas federales y las entidades federativas, más allá de los vaivenes de la política, y replantear el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que también se encuentra en el olvido sin sesionar. Quedan cuatro años y tenemos una nueva encargada para cumplir las promesas de paz.
