México descendió al puesto 121 de 143 naciones evaluadas en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), tras registrar una disminución de 2.8% en su puntuación general, según datos publicados por la organización internacional con sede en la capital estadounidense.
El deterioro del país refleja una tendencia global preocupante: 68% de las naciones experimentaron retrocesos en adhesión al Estado de Derecho durante 2025, comparado con 57% el año anterior, marcando la aceleración de una recesión que se extiende por octavo año consecutivo.
El desempeño mexicano muestra fragilidades estructurales pronunciadas en áreas críticas del sistema institucional. En el factor de ausencia de corrupción, México ocupó la posición 134 de 143 países, ubicándose en el lugar 29 de 32 a nivel regional latinoamericano.
El sistema de justicia presenta otros indicadores negativos: México se colocó en la posición 134 global en justicia civil y 135 en justicia penal. En orden y seguridad, México alcanzó apenas el puesto 132, reflejando los persistentes desafíos en materia de criminalidad.
El único indicador relativamente favorable fue gobierno abierto, donde México logró el puesto 54 global y el décimo regional, sugiriendo avances en transparencia y acceso a información pública.
El informe documenta un debilitamiento sistemático de los controles al poder gubernamental en México. Los límites al poder gubernamental situaron al país en la posición 108 global, mientras que el cumplimiento regulatorio alcanzó el lugar 113.
México se encuentra entre más del 70% de los países que experimentaron reducción de libertades civiles durante el periodo evaluado. La libertad de opinión y expresión cayó en 73% de las naciones medidas, incluyendo a México. La libertad de reunión y asociación disminuyó en 72% de los países, y la participación cívica retrocedió en 71%, en ambos casos afectando a los mexicanos.
El índice identifica una creciente injerencia política en los sistemas de justicia a nivel global. Los indicadores que miden si la justicia civil y penal están libres de influencias indebidas del gobierno disminuyeron en 67% y 62% de los países respectivamente, tendencia que incluye a México.
En América Latina y el Caribe, México se ubicó en el puesto 28 de 32 países evaluados. Uruguay lideró la región con la posición 23 global, seguido por Costa Rica y Barbados. Los tres países con menores calificaciones regionales fueron Nicaragua, Haití y Venezuela, este último ocupando el último lugar a nivel mundial (puesto 143).
De los 32 países latinoamericanos medidos, 24 mostraron deterioro en adhesión al Estado de Derecho durante el último año. De esos 24, 19 también habían retrocedido el año anterior, evidenciando una tendencia regional sostenida.
Entre las 41 naciones de ingreso medio-alto evaluadas, México ocupó la posición 38, situándose cerca del extremo inferior de su categoría económica.
El WJP Rule of Law Index fundamenta sus evaluaciones en más de 215 mil encuestas en hogares y 3 mil 500 cuestionarios aplicados a profesionales y expertos del derecho en 143 jurisdicciones, cubriendo 95% de la población mundial.
El índice evalúa ocho factores mediante 44 subfactores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Las calificaciones oscilan entre 0 y 1, donde 1 representa la máxima adhesión al Estado de Derecho.
A nivel global, Dinamarca encabezó el ranking, seguida por Noruega, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda. En el extremo opuesto, Venezuela registró la calificación más baja, precedida por Afganistán, Camboya, Haití y Nicaragua.