En nuestro país, los políticos se sienten intocables y dueños del cargo, no importa que estén presuntamente involucrados y señalados en malos manejos de recursos o un subalterno nombrado por ellos. Cuando son directamente responsables o cuando por acción u omisión un subalterno está involucrado en ilícitos, deberían separarse del cargo. En otras democracias, las renuncias son casi automáticas.