La ley no está de adorno

"Yo no voy a ser florero, no estoy de adorno, yo traigo un mandato de los mexicanos. Quieren que se acabe, que se destierre la corrupción y la impunidad. Y me canso ganso". Eso advirtió el entonces presidente electo López Obrador poco después de informar el resultado de la consulta con la que dio por cancelado el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México en Texcoco (NAIM). Fue, como se dijo en ese momento, una demostración de fuerza y una advertencia de cambio. Aquí mando yo, las cosas ya no van a ser como antes. Desde entonces, su gobierno impulsa la construcción de un aeropuerto alterno en los terrenos de la base aérea militar de Santa Lucía (SL).

Esta semana, tras una serie de amparos contra la cancelación del NAIM y la viabilidad de SL, un juez ordenó preservar la obra del primero y detener cualquier trabajo en el segundo. El argumento es que las decisiones de la autoridad en ambos casos podrían no estar debidamente fundadas y motivadas, es decir, no cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en las leyes. El litigio apenas comienza, y tomará tiempo hasta agotar su curso, pero de momento las autoridades están obligadas a acatar la suspensión que concedió el juez y a presentar sus contraargumentos para defender la legalidad de sus acciones.

La respuesta desde la órbita lopezobradorista, hasta ahora, no está a la altura del desafío jurídico planteado por los demandantes. Por un lado, el Presidente desestimó los amparos como una mera campaña de sus adversarios para perjudicarlo e incluso amenazó con decir quiénes son y exhibir sus intereses. Por el otro lado, algunos de sus adeptos señalaron que a López Obrador lo respalda la legitimidad que le confirió el voto mayoritario, por lo que los jueces no deberían "politizarse", tratar de "obstaculizar" su agenda, ni ir en contra de la "democracia". Todos alegatos francamente falaces (non sequitur), que se van por las ramas de la victimización mediática, las acusaciones personales, la polarización política o el supino desconocimiento de cómo funciona la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, con tal de eludir el fondo del asunto: ¿es legal lo que ha hecho el gobierno de López Obrador con los aeropuertos?

Porque para contestar esa pregunta es irrelevante quiénes interpusieron los amparos y por qué. Aunque fueran El Guasón, Lex Luthor y Darth Vader estarían en su derecho, punto. También es trivial si el Presidente se siente atacado injustamente y, en represalia, da a conocer sus nombres. Eso tampoco contribuye en nada a resolver la cuestión. El trabajo de los jueces es valorar el caso conforme a las normas aplicables y la evidencia que presenten las partes. No importa qué prometió o no en campaña, cuántos chorrocientos mil millones de votos obtuvo, ni cuán prodigiosa o ramplona sea la agenda de gobierno de López Obrador. Ese. No. Es. El. Punto.

El secretario de Comunicaciones ha declarado en al menos un par de ocasiones (abril y junio) que la cancelación del NAIM no se debió a hechos de corrupción. El presidente López Obrador, las dos veces, ha salido a corregirlo asegurando que sí hubo corrupción. Nunca, sin embargo, ha ofrecido elementos con valor probatorio que sustenten sus dichos. Más aún, ¿se canceló la obra por corrupción, pero no se le han fincado cargos a ningún presunto corrupto? ¿Dónde están las denuncias, los procesos, las carpetas de investigación al respecto? Se supone que SL sería diferente, mas todo indica que el proyecto arrancó sin contar con los dictámenes, permisos ni estrategias de viabilidad a los que por ley está obligado.

¿Así es como su gobierno va a desterrar la corrupción y la impunidad? ¿Con decisiones arbitrarias? ¿Con obras públicas que pasan por encima de la ley? ¿Ese fue el mandato de los mexicanos? Qué bueno que el Presidente no quiera ser florero. Habría que avisarle, no obstante, que si el suyo va a ser otro México la legalidad tampoco puede estar de adorno.