OPINIÓN
La tornaboda
Roberto Zamarripa EN MURAL
Si la boda fue de ensueño, la tornaboda tuvo los chilaquiles del infierno. Pareciera que la lista de invitados de la boda de la hija de Juan Collado pasó íntegra a la Fiscalía General y a la UIF de la Secretaría de Hacienda.
El padre de la novia está hoy en la cárcel. Rosario Robles, invitada al civil y al religioso, vive en el penal de Santa Martha Acatitla; otro invitado, Eduardo Medina Mora, ministro renunciante en la Corte y exhibido por dineros no aclarados y conflictos de interés, tiene pesquisa penal. Diego Fernández de Cevallos, expuesto en la lista de beneficiarios de los perdones fiscales en los últimos sexenios, Enrique Ochoa Reza, ex titular de CFE balconeado en el negocio de los gasoductos, Carlos Romero Deschamps el líder gremial petrolero en agonía, fueron otros invitados que ahora tienen pesquisa en ristre.
También los ministros Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, invitados no para dar fe de la legalidad del enlace sino como amigos del papá de la novia, y para quienes cayó la maldición en la mismísima Corte tras la difusión de las fotografías sobre la ceremonia.
Más allá de si los invitados son acusados por la UIF de llevarse hasta los centros de mesa, es hacia dónde va la restitución de piezas y estructuras demolidas.
La renuncia de Eduardo Medina Mora -invitado a la boda del daño- como ministro de la Corte deviene de la presión directa e indirecta de las instancias gubernamentales más allá del ambiente deteriorado que tenía en la propia Corte. Las declaraciones recientes del titular de la UIF, Santiago Nieto, lo confirman. Acusa al ministro de favorecer transacciones ilícitas e instar a jueces al desbloqueo de cuentas por más de 2 mil millones de pesos. Visto así, Medina no actuaba como ministro sino como jefe de una pandilla judicial.
Medina Mora no aguantó el peso del avasallamiento. Demoró en su renuncia toda vez que desde que fue exhibido por las millonarias transacciones financieras a cuentas extranjeras, que aún no aclara, y diversos incidentes de conflicto de interés, su presencia en la Corte estaba comprometida. Como está la de los ministros Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayán, abiertos adversarios del gobierno federal.
Eso no debería obstar para que desempeñaran autónomamente sus labores como ministros. El problema es que puestos a raya, inhibidos, y ya sin las reglas de juego que imperaban en la Corte, están contra la pared.
El ministro Arturo Zaldívar tiene ante sí un fuerte reto en su empeño por limpiar un Poder enmohecido y con un ex ministro delatado. Debe defender a capa y espada la autonomía y debe vincularla al propósito de la transparencia, la eliminación del nepotismo, la ruptura de los conflictos de interés, la disminución de gasto y beneficios particulares y el combate llano a la corrupción. Una Corte y un Poder Judicial limpios refuerzan su independencia; sometidos por corrupción o conflictos de interés la dejan en hilachos.
Una paradoja se cierne sobre su propósito. El acoso del gobierno de la 4T sobre sus ministros es confundido con una actitud persecutoria mancomunada entre el Ejecutivo y el titular del Poder Judicial lo que deriva en un discurso de manipulación del primero sobre el segundo.
Autonomía o independencia no supone oposición permanente. La Corte no es un partido político o una facción conspiratoria. Es la cúspide del Poder Judicial, garante del cumplimiento constitucional. Árbitro ante los abusos. La integran jurisconsultos de distintas tendencias y escuelas y ha mantenido un equilibrio esencial en su composición. Obvio, sus integrantes deben estar a la altura de los retos de su tiempo y de una sociedad crítica, demandante, vigilante y que, efectivamente, está harta de muchas de las transas que se fraguan en los lugares donde debería imperar la ley. La renuncia de Medina Mora otorga una excelente oportunidad a Zaldívar para limpiar al Poder Judicial y fortalecer su autonomía. Paralizarse sería fatal.
El padre de la novia está hoy en la cárcel. Rosario Robles, invitada al civil y al religioso, vive en el penal de Santa Martha Acatitla; otro invitado, Eduardo Medina Mora, ministro renunciante en la Corte y exhibido por dineros no aclarados y conflictos de interés, tiene pesquisa penal. Diego Fernández de Cevallos, expuesto en la lista de beneficiarios de los perdones fiscales en los últimos sexenios, Enrique Ochoa Reza, ex titular de CFE balconeado en el negocio de los gasoductos, Carlos Romero Deschamps el líder gremial petrolero en agonía, fueron otros invitados que ahora tienen pesquisa en ristre.
También los ministros Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, invitados no para dar fe de la legalidad del enlace sino como amigos del papá de la novia, y para quienes cayó la maldición en la mismísima Corte tras la difusión de las fotografías sobre la ceremonia.
Más allá de si los invitados son acusados por la UIF de llevarse hasta los centros de mesa, es hacia dónde va la restitución de piezas y estructuras demolidas.
La renuncia de Eduardo Medina Mora -invitado a la boda del daño- como ministro de la Corte deviene de la presión directa e indirecta de las instancias gubernamentales más allá del ambiente deteriorado que tenía en la propia Corte. Las declaraciones recientes del titular de la UIF, Santiago Nieto, lo confirman. Acusa al ministro de favorecer transacciones ilícitas e instar a jueces al desbloqueo de cuentas por más de 2 mil millones de pesos. Visto así, Medina no actuaba como ministro sino como jefe de una pandilla judicial.
Medina Mora no aguantó el peso del avasallamiento. Demoró en su renuncia toda vez que desde que fue exhibido por las millonarias transacciones financieras a cuentas extranjeras, que aún no aclara, y diversos incidentes de conflicto de interés, su presencia en la Corte estaba comprometida. Como está la de los ministros Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayán, abiertos adversarios del gobierno federal.
Eso no debería obstar para que desempeñaran autónomamente sus labores como ministros. El problema es que puestos a raya, inhibidos, y ya sin las reglas de juego que imperaban en la Corte, están contra la pared.
El ministro Arturo Zaldívar tiene ante sí un fuerte reto en su empeño por limpiar un Poder enmohecido y con un ex ministro delatado. Debe defender a capa y espada la autonomía y debe vincularla al propósito de la transparencia, la eliminación del nepotismo, la ruptura de los conflictos de interés, la disminución de gasto y beneficios particulares y el combate llano a la corrupción. Una Corte y un Poder Judicial limpios refuerzan su independencia; sometidos por corrupción o conflictos de interés la dejan en hilachos.
Una paradoja se cierne sobre su propósito. El acoso del gobierno de la 4T sobre sus ministros es confundido con una actitud persecutoria mancomunada entre el Ejecutivo y el titular del Poder Judicial lo que deriva en un discurso de manipulación del primero sobre el segundo.
Autonomía o independencia no supone oposición permanente. La Corte no es un partido político o una facción conspiratoria. Es la cúspide del Poder Judicial, garante del cumplimiento constitucional. Árbitro ante los abusos. La integran jurisconsultos de distintas tendencias y escuelas y ha mantenido un equilibrio esencial en su composición. Obvio, sus integrantes deben estar a la altura de los retos de su tiempo y de una sociedad crítica, demandante, vigilante y que, efectivamente, está harta de muchas de las transas que se fraguan en los lugares donde debería imperar la ley. La renuncia de Medina Mora otorga una excelente oportunidad a Zaldívar para limpiar al Poder Judicial y fortalecer su autonomía. Paralizarse sería fatal.
