Dilaciones procesales, interpretaciones restrictivas de la legislación ambiental y el archivo de imputaciones contra funcionarios municipales por falta de pruebas "suficientes" de dolo fueron algunos de los "apoyos judiciales" que permitieron echar a andar el urbanismo depredador de Novo Carthago en una zona de protección ambiental de Murcia, España. Aun así, el caso sigue bajo investigación y la instrucción está actualmente a cargo del Tribunal Supremo español.