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Impuesto verde



TRANSVERSAL / David Gómez-Álvarez
en MURAL

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Por cada dos jaliscienses hay un vehículo circulando en el estado. Una proporción preocupante no solo por la congestión vial, sino por la contaminación ambiental. Según el registro estatal de vehículos existen 3.7 millones de unidades, de los cuales cerca de 2.5 millones circulan dentro del Área Metropolitana de Guadalajara. A este dato habría que añadir los vehículos no registrados y foráneos que, sumados a los oficiales, podrían superar los 4 millones de unidades en el estado. En tan solo dos décadas, el parque vehicular se cuadriplicó.

Para paliar el tráfico, el desarrollo urbano se ha orientado a la construcción de infraestructura vial que, paradójicamente, es cada vez más insuficiente. El imparable crecimiento del parque vehicular ha terminado por saturar las soluciones viales. El tráfico es uno de los factores que más inciden negativamente en la calidad de vida de la ciudad, no solo por sus implicaciones en los tiempos de traslado cada vez mayores, sino por la contaminación del aire que respiramos. Y es que el parque vehicular ha crecido sin renovarse: una tercera parte es contaminante porque tiene más de 21 años de antigüedad. En un contexto de crisis económica, donde modernizar el parque vehicular es inviable por costoso, la única solución posible es la verificación.

Tras haber tenido que posponer el nuevo programa de verificación por la pandemia, el gobierno del estado ha relanzado un esquema que podría no solo mitigar el problema de la contaminación, sino generar recursos etiquetados para el recién creado Fondo Ambiental Jalisco. Por la complejidad del programa, se trata de una apuesta arriesgada, pero ineludible.

El fracaso de los anteriores intentos de verificación en administraciones pasadas se debió no solo a la simulación en las pruebas, sino a la corrupción por tráfico de hologramas oficiales y hasta falsificados. Con el reglamento de verificación vehicular de la Ley Estatal para el Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente aprobado se introdujeron una serie de candados que dificultan la corrupción en los centros de verificación. El hecho de que se hayan licitado internacionalmente los distintos componentes (la tecnología de verificación separada de los centros implementadores de la verificación) impide que puedan manipularse los resultados de los controles, pues no recaen en el mismo operador. Ahora será prácticamente imposible arreglarse en corto con el verificentro, como antes sucedía. Y es que en anteriores licitaciones se otorgó el negocio a un polémico político verde, que no ecologista.

Aunque se supone que la verificación es obligatoria, un problema que deberá resolver el nuevo programa es que no tiene una clara sanción para quien incumpla. Más allá de poder conmutar una multa verificando el vehículo en los 30 días posteriores a la infracción, el esquema de sanciones deberá de rigidizarse si se quieren alcanzar las metas de reducción de la polución. Los operativos de amonestación anunciados permitirán socializar y sensibilizar a la población sobre el programa de verificación, pero difícilmente lograrán su cabal cumplimiento.

Si bien se ha anunciado que no se trata de un programa recaudatorio que busque generar recursos por medio de multas (aunque también se anunció la creación del fondo ambiental con un porcentaje de las multas que podría generar casi dos mil millones de pesos), las amonestaciones podrían terminar como las llamadas a misa: en una decisión más voluntaria que obligatoria. En tanto que no existe un impuesto a la tenencia vehicular, la verificación obligatoria podría ser una suerte de "impuesto verde" que obligue a todos los vehículos no solo a dejar de contaminar, sino a contribuir financieramente a mejorar la calidad del aire. Es de elemental justicia que quienes tenemos vehículo paguemos más que quienes no tienen o usan transporte público.

 
@gomezalvarezd
 
 
 
 


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