La justicia contra los derechos

Fueron tres veces en un mes. La primera fue con los policías federales que se manifestaron para objetar los términos de su incorporación a la Guardia Nacional. La segunda, con los campesinos que organizaron bloqueos de carreteras en Guerrero para exigir la entrega de fertilizantes. Y la tercera, esta semana, con la "ley garrote" que criminaliza la protesta social en Tabasco. Con cada una, López Obrador ha ido escalando un discurso de aliento francamente antidemocrático. De entrada, asegura que la libertad de las personas es sagrada, que nunca se violarán sus garantías, que este gobierno no reprime. Variaciones, ya se sabe, de su emblemático "con todo respeto" -que en el vernacular lopezobradorista más bien quiere decir "¡ahí va el golpe!"-. Acto seguido fustiga a los inconformes. Advierte que sus reclamos no son justos, acusa que los están manipulando, los conmina a entender que el país ya no es el de antes. Les contesta, pues, no como si fueran ciudadanos a los que sirve sino como si fueran adversarios contra los que lucha. Y sentencia, por último, que no hay de otra. Las cosas van porque van, "el pueblo" ya cobró conciencia y pone a cada quien en su sitio, no nos van a doblegar. La señal es clara, categórica: para el Presidente la única justicia posible es la que él encarna.

No es un discurso exactamente nuevo. Cuando fue jefe de Gobierno capitalino descalificó una marcha contra la inseguridad por pirrurris. López Obrador siempre ha sido un político con una idea muy sui generis del respeto, que no pierde oportunidad para disputar la legitimidad de quienes lo cuestionan y que se representa a sí mismo en clave redentora, soy yo o el abismo. (En este punto es imposible no recordar, aunque sea entre paréntesis, aquella genial caricatura publicada en el viejo semanario español Hermano Lobo, donde se ve a un político arengando a una multitud "¡O nosotros o el caos!"; la multitud le responde al unísono "¡¡El caos, el caos!!", a lo que el político rebate de inmediato "es igual, también somos nosotros"). Como decía, no es un discurso exactamente nuevo. La novedad está en el sentido que cobra cuando se pronuncia desde el lugar que hoy ocupa López Obrador. Porque ya no es un líder de oposición compitiendo por el poder, interpelando a las autoridades, denunciando una injusticia o exigiendo que se hagan efectivos ciertos derechos. Es el presidente de la República aprovechando el poder de su púlpito para hacer equivalente su autoridad con la justicia y antagonizar con los ciudadanos que ejercen sus derechos, conforme a los artículos 6o. y 9o. de la Constitución, a manifestarse libremente y organizarse para protestar.

Otro tanto puede decirse sobre cómo el mal entendido afán justiciero de la "austeridad" amenaza con vulnerar otros derechos. Con debilitarlos ahorrándose sus costos, con socavarlos en nombre del combate a los privilegios, la corrupción o el dispendio. La draconiana prioridad que ha adquirido esa política de reasignaciones, controles, recortes, restricciones y subejercicios a rajatabla no es compatible, en última instancia, con una concepción sustantiva y vigorosa de los derechos. Ahí están, por ejemplo, los argumentos de la renuncia de Germán Martínez a la Dirección General del IMSS y sus implicaciones en materia del derecho a la salud. Ahí está, a su vez, la recomendación de la CNDH sobre la cancelación del Programa de Estancias Infantiles y sus efectos violatorios de los derechos de niños y niñas, así como de madres trabajadoras y padres solos. O ahí están, acumulándose, las miles de historias de empleados públicos despedidos sin justificación u obligados a renunciar, o los llamados "siervos de la nación" y las precarias condiciones en las que trabajan, todos con sus derechos laborales en entredicho. No son casos aislados, es un patrón. Para el lopezobradorismo en el poder la justicia de su causa está por encima de la obligatoriedad de los derechos.