Leo en un reportaje publicado el fin de semana que mi número telefónico, el de otros 24 colegas, y el de miles de personas más, están en la lista de objetivos de espionaje del gobierno mexicano. El gobierno de Enrique Peña Nieto pagó millones a cambio de licencias del malware Pegasus. Mi mente no para de hacerse preguntas que sólo la Fiscalía General de la República podrá contestar. Las preguntas me llevan también a un diálogo interno con el que trato de dar sentido a las implicaciones de esta noticia.