OPINIÓN
Humanidad e impunidad
OPINIÓN INVITADA / Patricia de Obeso EN MURAL
Los diagnósticos sobre la situación de violencia que se vive desde hace algunos años en México se acercan más a autopsias que a estudios que sirven para reconocer problemas y proponerles solución. La situación de violencia e impunidad es estructural y multidimensional, y por ende de manera clara transexenal y lamentablemente transgeneracional. Con el riesgo de sonar frívolo, resulta necesario hablar en términos económicos del sufrimiento que ha causado una desarticulada estrategia de seguridad y combate a la impunidad.
El proyecto denominado "Los costos de la impunidad" (costosdelaimpunidad.mx) pretende precisamente llamar la atención no sólo de lo complejo que es tener niveles de impunidad que superan el 90 por ciento, sino las implicaciones económicas y sociales (directas e indirectas) que esto tiene en la vida de las personas y en la sociedad mexicana como conjunto. En México, miles de personas son asesinadas, desaparecidas y obligadas a huir de sus hogares a causa del miedo y la violencia. La suma de este fenómeno ha fragmentado comunidades y generado pérdidas irreparables.
Hallazgos de este proyecto señalan que la impunidad tiene una marcada correlación con el número de víctimas de desaparición y desplazamiento forzado. Por cada punto porcentual que se lograra disminuir en la impunidad de un estado determinado del país, habría 173 personas desaparecidas y hasta 182 víctimas de desplazamiento forzado menos al año.
Contrario al supuesto que repetimos, no se encontró una correlación entre impunidad y homicidio en México. Es decir, el fenómeno tiene causas más complejas que el simple hecho de que las personas matan porque saben que no habrá castigo. Sin embargo, el proyecto encuentra que la eficacia de las instituciones que procuran la justicia, que muchas veces carecen del personal humano y de recursos económicos necesarios para su correcta diligencia, sí causan en mayor o menor medida que haya más impunidad.
Si bien una vida humana no tiene precio, el impacto económico que estos delitos y violaciones a los derechos humanos ha alcanzado es de grandes proporciones. Una de las medidas que miden escasamente los costos tangibles de una vida humana, es la pérdida salarial. El costo en pérdida salarial que tuvo el asesinato de 230,000 personas entre 2007 y 2018, asciende a 135 mil millones de pesos; lo que equivale a un promedio de 0.1507% del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Por otro lado, el número de personas desaparecidas durante el mismo periodo tuvo un impacto de 10,226 millones de pesos, lo cual equivale a cerca del 0.013% del PIB.
La impunidad también genera costos indirectos asociados al capital humano y riesgos financieros. La reducción de la tasa de graduación de secundaria en los jóvenes, reducción de la esperanza de vida en los hombres, impacto durante la gestación de vida lo cual se traduce en menor nivel cognitivo en niñas y niños y por lo tanto, menor progreso escolar e ingreso laboral.
La impunidad cuesta, pero en definitiva, que se pierda una vida, que se trunquen los planes de un menor, no tiene palabras. Que un gobierno le haya fallado a una familia desplazada, que no se movilice el país para encontrar a las personas desaparecidas, que los homicidios no sean debidamente investigados y sancionados tienen consecuencias directas e indirectas que no hemos terminado de dimensionar.
El proyecto denominado "Los costos de la impunidad" (costosdelaimpunidad.mx) pretende precisamente llamar la atención no sólo de lo complejo que es tener niveles de impunidad que superan el 90 por ciento, sino las implicaciones económicas y sociales (directas e indirectas) que esto tiene en la vida de las personas y en la sociedad mexicana como conjunto. En México, miles de personas son asesinadas, desaparecidas y obligadas a huir de sus hogares a causa del miedo y la violencia. La suma de este fenómeno ha fragmentado comunidades y generado pérdidas irreparables.
Hallazgos de este proyecto señalan que la impunidad tiene una marcada correlación con el número de víctimas de desaparición y desplazamiento forzado. Por cada punto porcentual que se lograra disminuir en la impunidad de un estado determinado del país, habría 173 personas desaparecidas y hasta 182 víctimas de desplazamiento forzado menos al año.
Contrario al supuesto que repetimos, no se encontró una correlación entre impunidad y homicidio en México. Es decir, el fenómeno tiene causas más complejas que el simple hecho de que las personas matan porque saben que no habrá castigo. Sin embargo, el proyecto encuentra que la eficacia de las instituciones que procuran la justicia, que muchas veces carecen del personal humano y de recursos económicos necesarios para su correcta diligencia, sí causan en mayor o menor medida que haya más impunidad.
Si bien una vida humana no tiene precio, el impacto económico que estos delitos y violaciones a los derechos humanos ha alcanzado es de grandes proporciones. Una de las medidas que miden escasamente los costos tangibles de una vida humana, es la pérdida salarial. El costo en pérdida salarial que tuvo el asesinato de 230,000 personas entre 2007 y 2018, asciende a 135 mil millones de pesos; lo que equivale a un promedio de 0.1507% del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Por otro lado, el número de personas desaparecidas durante el mismo periodo tuvo un impacto de 10,226 millones de pesos, lo cual equivale a cerca del 0.013% del PIB.
La impunidad también genera costos indirectos asociados al capital humano y riesgos financieros. La reducción de la tasa de graduación de secundaria en los jóvenes, reducción de la esperanza de vida en los hombres, impacto durante la gestación de vida lo cual se traduce en menor nivel cognitivo en niñas y niños y por lo tanto, menor progreso escolar e ingreso laboral.
La impunidad cuesta, pero en definitiva, que se pierda una vida, que se trunquen los planes de un menor, no tiene palabras. Que un gobierno le haya fallado a una familia desplazada, que no se movilice el país para encontrar a las personas desaparecidas, que los homicidios no sean debidamente investigados y sancionados tienen consecuencias directas e indirectas que no hemos terminado de dimensionar.
