OPINIÓN
Memo ilegal
Manuel J. Jáuregui EN MURAL
Ya se le había dicho, pero nadie más sordo que el que no quiere oír: no es legal, por inconstitucional, pretender gobernar con "memorándums" que no sólo se brincan las trancas, sino que pisotean nuestras leyes. Nos parece muy lamentable que haya tenido que ser un juez, concediendo un Amparo contra el memo presidencial que pretende borrar el marco legal de la reforma educativa, quien estableciera en estricto apego a la ley lo siguiente: "El Ejecutivo CARECE DE FACULTADES (énfasis nuestro) para dejar sin efecto, abrogar o derogar, ninguna disposición constitucional".
Esto al otorgar la suspensión provisional a quien promoviera el Amparo, la diputada perredista Verónica Juárez, ante la disposición decretada por AMLO en un memo de que se dejara de aplicar la reforma educativa. Más claro no canta un gallo: nada de que "la justicia está por encima de la ley". Por encima de la ley no hay nada, si lo hubiese entonces viviríamos en una tiranía despótica y no en una república democrática, que lo somos.
Tampoco puede el Ejecutivo por "¡quítame estas pajas!" retirar a su antojo y por capricho un proyecto de construcción otorgado legalmente, como lo dijo recientemente respecto a una autopista en Nayarit-Jalisco que ha tardado en terminarse, y esto a causa de falta de pago del Gobierno federal. En suma, de acuerdo con nuestra Constitución que establece la separación de poderes, cada uno con sus facultades, no puede un Poder, como el Ejecutivo, asumir las funciones de los otros Poderes. Si así fuese, pues querría decir que estamos en Venezuela, no en México.
En este caso de "gobierno por memos" (que no memes) no importan, jurídicamente hablando, las buenas intenciones, los buenos deseos o la empatía del Ejecutivo: simplemente todo lo que quiera hacer éste se debe apegar a derecho, nuestro derecho, el que tenemos actualmente, no el que debiéramos tener, no el que sería bueno tener, y menos el que Morena quisiera tener.
No hay más leyes que las que tenemos, y mientras las tenemos debe el Presidente acatarlas y respetarlas. Su juramento presidencial lo obliga -en este orden- "a guardar y hacer guardar" nuestra Constitución y las leyes que de ella emanen. ¡Eso juró! Y lo primero que demanda el juramento es, precisamente, guardar la ley, esto es, apegarse ejemplarmente a su cumplimiento antes que obligar a otros a que lo hagan.
El gobernante debe aportar el ejemplo de un cabal cumplimiento con la ley y no actuar en el pantanoso terreno de la ilegalidad, pretendiendo justificar este abuso de autoridad arropándolo en el dicho de una buena intención. Sus memos no son ley, no son nada más que la expresión de un deseo -o capricho- que de ninguna manera y en ningún momento debe, o puede, suplantar a las leyes vigentes.
Mal ejemplo, pésimo, pues, sienta el Presidente López al pretender imponer su voluntad brincándose el marco legal que nos rige. Quienes votaron por él lo eligieron Presidente y no dictador: el señor no dicta, sino que acata. Acata las leyes y acata la voluntad del pueblo, ello además de la sensatez, el consejo de expertos, las opiniones de sus colaboradores y el sentido común.
No basta desear -suponemos que con la mejor de las intenciones- que se hagan las cosas que el señor quiere sólo por quererlas. Aquí, como en todo lo humano, rige el sabio e infalible refrán español: "El rey hace lo que puede, no lo que quiere". Ejemplo: que el señor quiera construir en Dos Bocas una refinería por 8 mil millones de dólares en tres años, cuando los expertos le afirman que costará -mínimo- 12 mil millones y podría tardar ocho años, siendo ésta una posibilidad que existe. Visto y sabido es que nunca en las grandes obras públicas éstas se terminan a tiempo y en costo.
Que AMLO quiera que sea, no hace en automático que sea, existen innumerables e incalculables factores que inciden en un proyecto de esta magnitud que imposibilitan saber con precisión -aun al más experto- cuánto costará y cuánto demorará. En resumen: nada le perjudicaría al Señor Presidente, sino al contrario, guardar la forma y el fondo, y de vez en cuando escuchar a los que saben. ¡No vaya a ser que tengan razón!
Esto al otorgar la suspensión provisional a quien promoviera el Amparo, la diputada perredista Verónica Juárez, ante la disposición decretada por AMLO en un memo de que se dejara de aplicar la reforma educativa. Más claro no canta un gallo: nada de que "la justicia está por encima de la ley". Por encima de la ley no hay nada, si lo hubiese entonces viviríamos en una tiranía despótica y no en una república democrática, que lo somos.
Tampoco puede el Ejecutivo por "¡quítame estas pajas!" retirar a su antojo y por capricho un proyecto de construcción otorgado legalmente, como lo dijo recientemente respecto a una autopista en Nayarit-Jalisco que ha tardado en terminarse, y esto a causa de falta de pago del Gobierno federal. En suma, de acuerdo con nuestra Constitución que establece la separación de poderes, cada uno con sus facultades, no puede un Poder, como el Ejecutivo, asumir las funciones de los otros Poderes. Si así fuese, pues querría decir que estamos en Venezuela, no en México.
En este caso de "gobierno por memos" (que no memes) no importan, jurídicamente hablando, las buenas intenciones, los buenos deseos o la empatía del Ejecutivo: simplemente todo lo que quiera hacer éste se debe apegar a derecho, nuestro derecho, el que tenemos actualmente, no el que debiéramos tener, no el que sería bueno tener, y menos el que Morena quisiera tener.
No hay más leyes que las que tenemos, y mientras las tenemos debe el Presidente acatarlas y respetarlas. Su juramento presidencial lo obliga -en este orden- "a guardar y hacer guardar" nuestra Constitución y las leyes que de ella emanen. ¡Eso juró! Y lo primero que demanda el juramento es, precisamente, guardar la ley, esto es, apegarse ejemplarmente a su cumplimiento antes que obligar a otros a que lo hagan.
El gobernante debe aportar el ejemplo de un cabal cumplimiento con la ley y no actuar en el pantanoso terreno de la ilegalidad, pretendiendo justificar este abuso de autoridad arropándolo en el dicho de una buena intención. Sus memos no son ley, no son nada más que la expresión de un deseo -o capricho- que de ninguna manera y en ningún momento debe, o puede, suplantar a las leyes vigentes.
Mal ejemplo, pésimo, pues, sienta el Presidente López al pretender imponer su voluntad brincándose el marco legal que nos rige. Quienes votaron por él lo eligieron Presidente y no dictador: el señor no dicta, sino que acata. Acata las leyes y acata la voluntad del pueblo, ello además de la sensatez, el consejo de expertos, las opiniones de sus colaboradores y el sentido común.
No basta desear -suponemos que con la mejor de las intenciones- que se hagan las cosas que el señor quiere sólo por quererlas. Aquí, como en todo lo humano, rige el sabio e infalible refrán español: "El rey hace lo que puede, no lo que quiere". Ejemplo: que el señor quiera construir en Dos Bocas una refinería por 8 mil millones de dólares en tres años, cuando los expertos le afirman que costará -mínimo- 12 mil millones y podría tardar ocho años, siendo ésta una posibilidad que existe. Visto y sabido es que nunca en las grandes obras públicas éstas se terminan a tiempo y en costo.
Que AMLO quiera que sea, no hace en automático que sea, existen innumerables e incalculables factores que inciden en un proyecto de esta magnitud que imposibilitan saber con precisión -aun al más experto- cuánto costará y cuánto demorará. En resumen: nada le perjudicaría al Señor Presidente, sino al contrario, guardar la forma y el fondo, y de vez en cuando escuchar a los que saben. ¡No vaya a ser que tengan razón!
